Jorge Lara Rivera


“El que debe teme”, sentencia el adagio. La resistencia del régimen a que la Ley General de Víctimas entre en vigor en esta gestión, misma que enmascararon primero con regateos a compromisos solemnes del jefe del Ejecutivo en los Diálogos en el Alcázar de Chapultepec, luego con un veto disfrazado de “devolución para correcciones” a la Cámara y, tras el rechazo de la Comisión Permanente a ésta –por extemporaneidad– y la nueva solicitud del Legislativo para que sea publicada, el franco desacato oficial a esa Soberanía e incluso la abierta amenaza de combatirla con una controversia constitucional (según amagó Alejandro Poiré) a promover ante la pusilánime Suprema Corte, oculta una indecorosa causa. En el fondo de este desafío a la voluntad soberana de la sociedad manifiesta por el H. Congreso de la Unión yace el inconfesable propósito de que ese necesario instrumento de equidad NO inicie su vigencia durante el mandato actual –causante de tantos estropicios que la hacen urgente– por el fundado temor del régimen a que de su decepcionante presente ejercicio del poder surja alguna imputabilidad y como sujeto público se le llame a cuentas.
Al evitar la promulgación y entrada en vigor de la Ley General de Víctimas destinada a paliar en parte las graves consecuencias de la imprevisión del jefe del Ejecutivo y su necio apego a la genocida “estrategia” que postula, trata de ganar tiempo para que el inicio de su vigencia sea posterior al fin de la administración y sustraerse a sus efectos esgrimiendo en favor propio el principio de IRRETROACTIVIDAD, no correspondiéndole ya como responsables públicos recoger los destrozos de lo ocurrido, sino a quienes les suceda atender lo que pueda ocurrir luego. Acaso su resquemor, no habiendo ganado las elecciones (lo cual deja a la PANdilla de cuatreros sin la seguridad de mantenerse impune merced a la manipulación facciosa del aparato del Estado) gana tiempo y busca evitar que la nueva norma derive en recursos enderezados contra ella porque sabe que, más temprano que tarde, los cuates del gabinete que hoy son gobierno tendrán que responder por sus abusos de poder, pagar por tanto estropicio a damnificados de su incuria.
Decepción igual (como acostumbra), pese a seguridades con bombo y platillo del ocupante de Los Pinos anunciando en la certificación de COFEPRIS como referente regional por la Organización Panamericana de la Salud (donde asimismo alardeó de la supuesta cobertura universal y la maravilla irreal del Seguro Popular) que “en agosto” México contaría no sólo con una vacuna mexicana sino con 80 millones de dosis fabricadas en el país para combatir el brote de la gripe aviar H7N3; ya el subsecretario de Salud le enmendó la plana desmintiendo que se tenga fecha para la llegada de un lote de 1 millón de vacunas proveniente de China que precisa el sector salud para contener la contingencia. Tal desmentido complementa el que la careta de decencia, valores y legalidad con que suele presentarse el PAN y sólo los ingenuos le creen, finalmente le haya sido retirada en público.
Tarde (el daño está hecho), pero donde duele, que es el bolsillo, el IFE castigó las sistemáticas violaciones a la Constitución y al COFIPE perpetradas por ese partido con sus spots de guerra sucia, cargados de infundios, calumnias y falacias. Se agradece la coincidencia justo cuando el Consejero Jurídico Miguel Alessio Robles se hincha la boca pontificando sobre “constitucionalidad”, en un ardid del régimen para salirse con la suya. Decepcionante también el nuevo episodio de desfachatez en la trayectoria de pifias y ridiculez que a la servil valentona Marisela Morales Ibáñez, maquiladora de expedientes incriminatorios por consigna contra opositores políticos, le han valido ser condecorada por patrones gringos y ascender a titular de PGR. En el Día del Abogado anunció de modo por demás sospechoso, algo que se sabía desde el principio: no pudo acreditar acusaciones al general Tomás Ángeles Dauahare de contribuir al narcomenudeo en el Heroico Colegio Militar cuando director, pese a los 2 plazos de arraigo que promovió con base en “una llamada anónima”.
Como si daño moral y perjuicios al blanco de una venganza política no importaran, simplemente aceptó que tal no sucedió. De tal suerte PGR retiró esta imputación que junto con otras sirvieron para la detención y arraigo (que prorrogó) al general Ángeles Dauahare, quien permanece detenido. Todo mundo sabe, sin embargo, que es víctima del mezquino revanchismo y la ruindad represora del jefe del Ejecutivo quien alardeará mucho de “sincera convicción de demócrata” pero, briago de poder es hipersensible ya no se diga crítica, al mínimo cuestionamiento por la catástrofe resultante de su imprevisión en la guerra al narco y la delincuencia organizada que desató para favorecer a un cártel. Y todo porque el mílite, ex Subsecretario de Defensa, comentó durante un foro sobre seguridad organizado por el PRI que consideraba “insuficiente” la estrategia oficial. La purga en SEDENA alcanzó a otros altos mandos con sólo el fundamento de la discutible credibilidad que merecen criminales devenidos en “testigos protegidos” a cambio de prebendas.
Pero así como Marisela Morales pretende justificar sus abusos argumentando que “se tienen que investigar todas y cada una de las denuncias anónimas”, ojalá ya esté investigando a Luis Cárdenas Palomino (jefe de la División Regional de la Policía Federal y José Antonio Dighero Medina, su subordinado comandante en jefe de los elementos de esa corporación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hace más de una semana acusados desde la clandestinidad de proteger al narco en ese aeropuerto por 2 de los 3 policías prófugos involucrados en la balacera del 25 de junio en el área de comida rápida, tal publicó Proceso. Qué esperanzas. Y es que sólo en el “virtuoso” panismo se encargó el mando de Policía y Seguridad, precisamente a delincuentes.