El Congreso abrirá mañana un foro para que cualquier ciudadano interesado
pueda externar su punto de vista sobre la iniciativa de Reforma del Sistema de Justicia estatal, no obstante que expertos en Derecho han hecho sustantivas aportaciones
a la misma, señaló el diputado local Gaspar Quintal Parra a POR ESTO!

Aunque expertos en Derecho han hecho sustantivas aportaciones a la iniciativa de reforma del sistema de justicia estatal, el Congreso abrirá mañana un foro para que cualquier ciudadano interesado pueda externar su punto de vista sobre el particular, afirmó ayer el diputado Gaspar Quintal Parra.
Añadió que dado el alcance de esta iniciativa, que replantea desde sus cimientos nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, la actual Legislatura prevé aprobar las reformas a la Constitución política local en este periodo, pues dijo que sería lamentable que algún diputado pretenda politizar el asunto.
También subrayó que para concretar este proceso en un plazo máximo de 6 años, el Congreso creó una Comisión Permanente que tanto en ésta como en las próximas legislaturas dará seguimiento a la reforma, pues recordó que deberán adecuarse 17 ordenamientos secundarios.
Comentó que uno de los primeros frutos de la reforma podría ser la operación de juicios orales en los principales municipios de Yucatán, antes de instaurarlos en esta capital.
He aquí la entrevista del diputado Gaspar Quintal Parra con POR ESTO!:
La iniciativa de reforma de todo el sistema de justicia estatal, que el pasado 8 de febrero presentaron ante el Congreso conjuntamente los Poderes Ejecutivo y Judicial, constituye una propuesta trascendente, pues es la más importante de los últimos 50 ó 60 años, ya que aspira a tener un modelo de justicia más justo, más expedito y mucho más vanguardista, que salvaguarde los derechos de todos los ciudadanos yucatecos.
—Se trata además de una reforma que consolida y ratifica la tradición jurídica legislativa que ha tenido nuestro Estado desde siempre. No olvidemos que Yucatán fue precursor de la Constitución del 24, y de la del 17, y que siempre hemos tenido vanguardia en materia legislativa; yo creo que aprobarla sería reafirmar eso, porque finalmente no es el trabajo de 25 diputados, sino en sus alcances está integrada la sociedad en general, y eso creo que es lo fundamental: la aportación de toda una sociedad interesada en contar con un modelo de justicia mucho mejor del que tenemos actualmente.
—Considero que el hecho de que ambos poderes hayan firmado la propuesta de modificación de la Constitución subraya la importancia que tiene para el destino de la entidad, sobre todo porque esta iniciativa viene de una preconsulta que fue realizada a través del Consejo Consultivo que preside la Consejería Jurídica del Ejecutivo, e involucra a todos los colegios especializados en Derecho, a todas las sociedades civiles dedicadas a esa disciplina, lo mismo que a universidades, facultades y escuelas de Derecho de Yucatán, lo mismo que a diversos especialistas y académicos que han trabajado también de la mano con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
—Desde su llegada al Congreso hemos estado trabajando en su análisis, para lo que, debido a la importancia del tema, se creó una Comisión Permanente y se le dio cabida dentro de la Ley Orgánica del mismo Congreso, con el objeto de que sea una comisión especializada la que se dedique al estudio de este tema que es importante no sólo para Yucatán sino para todo el país, precisó.
Recordó que Yucatán tiene por mandato constitucional un período de 8 años para implementar esta reforma, que fue publicada el 18 de junio del 2008 en el Diario Oficial de la Federación, y es por ello que los diputados locales pensaron que debe de tratarse de manera especializada y permanente, a fin de implementarla dentro del tiempo marcado. Se dieron 8 años, de los que ya casi van 2, porque se requiere hacer adecuaciones no sólo a la Constitución local, sino a las leyes secundarias. Pero el Congreso actual se ha puesto de plazo que antes de terminar su período Yucatán cuente con las partes de este modelo que es necesario integrar a la Constitución, es decir, que la base de la reforma de seguridad y de todo el sistema de justicia se habrán puesto ya en la Constitución antes de que inicie sus funciones la próxima legislatura.
“Esto es importante, señaló el visitante, porque se han identificado 17 ordenamientos secundarios, códigos y leyes reglamentarias que tendrán que adecuarse; por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial para empezar, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, etcétera. Nosotros nos hemos puesto como meta iniciar con esta gran reforma a la Constitución, que es precisamente la que plantean el Ejecutivo y el Poder Judicial, una reforma a fondo de 43 artículos de los 109 que tiene nuestra Constitución, y que tienen que ver con el ordenamiento del Poder Judicial, con la creación de organismos como la Fiscalía General y con el Instituto de la Defensoría Jurídica, que van a ser las bases para la implementación de un nuevo modelo de justicia. Le corresponderá a la siguiente legislatura, y a otra más, lo que vienen siendo las modificaciones a esos 17 ordenamientos secundarios que tienen que ver con este esquema y que repercuten en lo que viene siendo la aspiración de cambio del sistema.
No por agilizar los procedimientos quiere decir que se legisle al vapor, pero al menos en un tiempo de corto deseamos hacer el dictamen de esto para que pueda pasarse al pleno y aprobarse para que continúe la reforma. Eso nos llevó a convocar a un foro abierto a la sociedad para mañana viernes, a las cuatro de la tarde, a fin de que especialistas, colegios y todos los que lo deseen opinen sobre este tema. Nosotros consideramos que es bueno que haya gente que se toma la molestia de hacer una ponencia e ir a exponerla al Congreso, donde la vamos a escuchar con todo respeto para tomar en cuenta sus opiniones.
La meta, como expliqué antes, es sentar las bases a las próximas legislaturas a fin de que se aboquen a la legislación secundaria; no queremos dejar inconcluso un trabajo que tiene más de un año de estarse haciendo por los tres poderes y que va de la mano con las organizaciones civiles y académicas, y con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En realidad, pareciera que del 8 de febrero a lo que queda de aquí al término de esta legislatura es poco tiempo, pero es un trabajo muy importante. Para aprobarlo necesitamos mayoría calificada, para lo que nos faltan sólo 3 votos, que esperamos lograr porque ha habido entendimiento en el trabajo legislativo serio con una parte de la bancada del PAN, y de algunos diputados de otros partidos. Lo que ha influido en este avance es el hecho de despojarnos de los intereses partidistas y abocarnos a los temas legislativos netamente, así, al quitarles paternidad a las iniciativas, hemos podido llegar a lo importante para Yucatán y construir acuerdos.
Yo creo que sería absurdo que haya diputados que se opongan a una iniciativa que se viene realizando por especialistas de todo el país, pues no distingo qué otro instituto pudiera estar tan ameritado como el IIJ de la UNAM, que tiene reconocimiento inclusive internacional. Gente de la talla de Jorge Carpizo, de la talla de Diego Valadés, son juristas de talla internacional que avalan estas modificaciones, pero además está la aportación del Colegio de Abogados, de la Barra de Abogados, del Colegio de Notarios, del Consejo de Notarios, de las diversas universidades que han participado en esto, entonces yo creo que sería un acto de falta de conciencia por parte de algún diputado no aprobarla y pretender que no la aprueban porque este es un asunto del partido al que pertenezco o del partido del gobierno.
Además no hay que perder de vista que esta reforma parte de un mandato constitucional federal. El espíritu de la reforma constitucional federal es implementar un nuevo sistema de justicia penal en México, transitar del actual sistema inquisitorio a un sistema acusatorio, donde la mediación y los juicios orales sean los instrumentos de la impartición de justicia en México. Donde se redimensiona la parte de defensoría, de la misma manera que se dimensiona a la parte acusadora que es el ministerio público. Es por eso que se fortalece a la fiscalía, la parte acusadora, dándole cierta autonomía en cuanto que el nombramiento no solamente vendría de parte del ejecutivo, sino tendría la participación del legislativo.
Además se crearía la fiscalía con el fortalecimiento del manejo de las policías. Y por otra parte se crearía el Instituto de la Defensoría Legal, que actualmente es una especie de departamento dependiente del Ejecutivo. Lo que se pretende es que sea un instituto con toda la fortaleza, donde los defensores de oficio tengan para empezar los mismos sueldos de los ministerios públicos, para que se equiparen a ellos, porque finalmente los que acuden a la defensoría son los que no tienen recursos, y el defensor de oficio no cobra a su defendido. Ese es el espíritu de la Reforma Constitucional.
Es importante ver que de lleno ya empezamos a poner las bases, porque al aprobarse la reforma constitucional, ya podemos empezar a trabajar de manera inmediata en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues para implementar el Consejo de la Judicatura, para reglamentarlo, para implementar los medios de control constitucional, que son 4: la controversia, a nivel local; la acción de inconstitucionalidad a nivel local; uno más que me parece trascendente porque es una exigencia al propio poder legislativo: la acción por omisión legislativa.
En este punto, Quintal Parra explicó la importancia de la acción por omisión legislativa: Por ejemplo, tenemos un plazo de 8 años para implementar la reforma. Pero si no lo cumple el Congreso, no tiene ninguna sanción, porque no existe la figura jurídica para obligar a los diputados a trabajar en ese sentido. Sin embargo, al existir esa figura, el poder judicial implementaría acciones necesarias para que salvaguardar los derechos de los ciudadanos, para que queden protegidos.
Otro ejemplo: Ahora tenemos la obligación de implementar la ley de derechos indígenas, pero ya venció el plazo constitucional, no la hemos terminado, y no hay la manera legal de obligar a los diputados a terminarla, y no existe la manera de salvaguardar los derechos de los afectados porque no existe esa figura.
Otra figura importante de esa iniciativa es la acción preventiva de constitucionalidad. Si de los que estamos analizando esta iniciativa, algún diputado tiene la duda de su constitucionalidad, tendríamos la posibilidad de preguntarle al poder judicial sobre ello antes de emitirla. Eso le ahorra mucho tiempo a la sociedad. Por ejemplo, con la ley electoral, Convergencia impugnó 7 artículos y de uno dijo la Corte: Este es inconstitucional, y lo corregimos. Esto fue porque actualmente sólo existe la acción de inconstitucionalidad o de controversia constitucional. Pero naturalmente, preferimos que antes de aprobar el órgano que vigila la constitucionalidad, que es el poder judicial, emita la recomendación de una vez para no caer en un error.
Con esta reforma ya podemos aprobar la ley de mediación, y vamos a permitir que el propio poder judicial tenga la oportunidad de planear su crecimiento, porque con esta reforma le estamos ordenando al Congreso que le establezca por lo menos un 2% del presupuesto total del estado. Si de los 17 mil millones de pesos que fue el último presupuesto le tocaran el 2% puede decir: puedo abrir tantos juzgados, tantas salas para oralidad.

Lo mejor de todas

El diputado estatal señaló también que esta reforma conjuga todo lo mejor de todas las reformas aprobadas en el país. Son 20 las entidades federativas donde el tribunal electoral está en el poder judicial, 3 ó 4 las entidades donde tienen algunos medios de control constitucional, hay otras donde tienen la fiscalía, la inmensa mayoría tiene el Consejo de la Judicatura. Se hizo esa investigación de una manera muy seria por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y todo lo mejor de las constituciones locales, y de los sistemas judiciales locales está integrado. Esos avances dispersos en diversas entidades federativas de todo el país, se están presentando aquí.
De hecho se está integrando lo más avanzado del derecho mexicano local aprovechando las experiencias de otras entidades federativas. Y se están incluyendo algunos derechos internacionales, porque al parecer la omisión legislativa proviene del derecho español. Aquí lo importante es que se trata de un asunto al que no se le puede dar paternidad, es hecho por académicos, sigue abierto al debate, y partiendo del principio de que el derecho es perfectible, podemos seguir debatiéndolo.
Por ejemplo, en la preocupación de que el tribunal electoral quede dentro de la esfera del poder judicial, me invitaron a un foro en la Universidad Marista donde un abogado y una diputada del PAN manifestaron su preocupación de que pudiera perder autonomía el tribunal electoral. Nosotros les preguntamos a los magistrados del tribunal electoral cómo veían el asunto de la autonomía, y los propios magistrados del tribunal electoral afirmaron de que no se pierde la autonomía. Esta figura de integración del tribunal electoral al poder judicial está ya en 22 estados y no se pierde la autonomía ni se viola la Constitución, ya que lo que la Constitución establece es la autonomía de decisión del tribunal electoral, no autonomía financiera y administrativa. Es decir, que no revisa el Tribunal Superior de Justicia sus decisiones, tal y como al Trife no le revisa la Corte, son definitivas sus resoluciones, ahí radica su autonomía. Pero de esa manera se optimiza el recurso que se utiliza para el tribunal electoral, que son los sueldos, todo, porque se le daría otra función en asuntos administrativos. Actualmente tenemos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que ve alrededor de 200 casos al mes. Y el Tribunal Electoral, cuando es época no electoral, sólo ve 10 casos. Entonces la propuesta es fundir estos dos tribunales, y aprovechar y optimizar la capacidad del poder judicial. Se convierte así en Tribunal Electoral y Contencioso Administrativo.
Finalmente, el licenciado Gaspar Quintal Parra ratificó lo señalado al principio:
—Con la reforma del modelo de justicia, nuestro estado tomará la delantera en México para todo lo que se refiere a la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.
(Roberto López Méndez)