Larga historia de la antigua finca de Chichén y sus anexas


Los terrenos de la antigua finca Chichén Itzá y sus anexas atravesaron por una larga historia de sucesiones, adquisiciones, delimitaciones y pugnas judiciales que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde que a principios del siglo XX el arqueólogo estadounidense Edward Herbert Thompson la compró a un hacendado llamado Juan Sosa.
La familia Barbachano llegó a ser propietaria de 800 hectáreas de terrenos en los que se asienta la zona arqueológica, recién adquirida por el Gobierno del Estado; a través de los años esas tierras han tenido múltiples divisiones y anexiones, según lo que pudo rastrear el reportero en el Catastro y en el Registro Público de la Propiedad.
Documentos oficiales públicos consultados por el reportero señalan que el origen de la propiedad de la zona arqueológica de Chichén Itzá data del 15 de julio de 1903, fecha en la que se inscribió en el Catastro la finca “Chichén y Anexas” (Yula, Xikatún y Xikatuná), con el número catastral 1145, con una extensión de dos mil 448 hectáreas, a nombre de Edward H. Thompson.
En el Libro de Parcela 3, página 145, manifestación 20, la finca Chichén aparece con el número catastral 1145 y se indica que Thompson lo adquirió el 15 de julio de 1903 a Juan Sosa, pero no especifica cuánto pagó por los terrenos.
Intentamos hallar información histórica sobre los propietarios anteriores a Juan Sosa, pero en el Catastro no aparece nada de eso. De hecho, el tablaje 3232, que es donde se asienta la zona arqueológica, sólo establece que el primer dueño fue Fernando Barbachano Peón, quien lo obtuvo de fraccionar una superficie de 292 hectáreas tomadas de la finca Chichén el 14 de febrero de 1957 y se establece un área de 70 hectáreas.
Sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad se asienta que el tablaje 3232, asiento de El Castillo y otras evidencias arqueológicas importantes, tiene una superficie de 59 hectáreas.
En los orígenes que se pudieron rastrear, los documentos señalan que el 20 de septiembre de 1932 Thompson dividió el terreno y formó el tablaje 2529, el cual unió con el 3241 denominado Mayaland, lo que dio origen al tablaje 1145, con una superficie de dos mil 446 hectáreas.
El 1 de agosto de 1938, tres años después de la muerte del estadounidense, se rectificaron las medidas del terreno y se quedó con dos mil 402 hectáreas. Ese año, por causa de la Reforma Agraria del presidente Lázaro Cárdenas del Río, los terrenos fueron afectados, es decir, pasaron a formar parte del ejido, de tal manera que los cinco hijos de Thompson se quedaron únicamente con 800 hectáreas.
Los documentos oficiales señalan que Fernando Barbachano Peón adquirió los terrenos en 1951, y en septiembre de 1956 los dividió formando los tablajes 3232 (que es donde se asienta la zona arqueológica), 3233 y 3234, con una extensión de 166 hectáreas.
Más adelante, el 14 de febrero de 1957 la superficie fue rectificada por anexión de los tablajes 3232, 3233 y 3234, para que en la misma fecha volvieran a ser divididos y formaran la Finca Mayaland con el número catastral 3241 y los tablajes 3232, 3233, 3234 y 3242; la finca Chichén quedó con una extensión de 173 hectáreas.
Fernando y Carmen Barbachano Gómez Rul pasaron a ser dueños de la finca Chichén el 26 de febrero de 1957.
Fuentes del Catastro indicaron que es difícil rastrear la historia de los terrenos desde su origen anterior a Thompson porque al ser divididos y unidos en varios momentos, desaparecen los tablajes y cuando se establece uno nuevo vuelve a comenzar el registro como si antes no hubiera habido nada.
La historia contada por Fernando Barbachano Gómez Rul antes de su fallecimiento el 5 de diciembre de 2006 refiere que cuando Thompson obtuvo la propiedad legal de los terrenos de la Hacienda Chichén Itzá recibió financiamiento del Carnegie Institute de Washington para estudios y exploraciones, principalmente en el área del Cenote Sagrado, del cual extrajo decenas de piezas que luego envió al Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard, por lo que fue señalado como “saqueador”.
Con el argumento del saqueo arqueológico, el gobierno de México confiscó los terrenos de Thompson en medio de un proceso legal que llevó poco más de 20 años. Los cinco hijos y herederos del investigador vendieron a Fernando Barbachano Peón, como ya apuntamos, los terrenos de la Hacienda Chichén, con lo que el proceso judicial iniciado pasó a manos de esta familia.
En 1942 el Ejecutivo federal puso en subasta los terrenos de Chichén Itzá, que fueron adquiridos por la propia familia Barbachano en un proceso respetado y reconocido por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. A partir de entonces, fueron poseedores de aproximadamente 800 hectáreas de terrenos divididos en diversos tablajes y a nombre de varios integrantes de la familia.
Barbachano Gómez Rul publicó una carta abierta en POR ESTO! meses antes de fallecer y en ella contó que su padre comprobó que todos los objetos supuestamente saqueados por Thompson fueron enviados legalmente al extranjero, lo cual ratificó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparara a Thompson como el primer legítimo propietario de la Hacienda Chichén Itzá.
Asimismo, refirió que con la ley que salvaguarda el patrimonio histórico de la nación durante la administración del presidente Cárdenas se delimitaron las cerca de dos mil hectáreas que comprenden el polígono total del área bajo resguardo del INAH, donde también se asientan comunidades ejidales de conformación posterior al proceso de reforma agraria.
Finalmente, en el 2004, y como resultado de una resolución de un Tribunal Colegiado de Distrito, el gobierno federal perdió todo derecho de reclamar las tierras en las que se asienta la zona arqueológica de Chichén Itzá, ratificándose la propiedad privada del suelo y por ende los derechos de uso de quienes la posean, en tanto que la preservación, protección y conservación de los monumentos históricos y estructuras de la zona quedaron bajo resguardo del INAH.
Antes de que el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco iniciara las pláticas para la adquisición de los terrenos que heredó Hans Jürgen Thies, en el 2008, por medio de su abogado, Gabriel Abdala Berzunza, intentó venderlas al gobierno federal en 750 millones de pesos.
Sin embargo, el gobierno federal espurio manifestó que sólo estaba dispuesto a pagar 8 millones de pesos por los terrenos, pues es lo que oficialmente el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales consideró que ese era el valor catastral de la tierra sobre la que se encuentra la zona arqueológica de Chichén Itzá.
(Rafael Gómez Chi)



 
¡Pronto tendremos nuevas encuestas para usted!