Julián Andrade


Hace dos años Rodolfo Torre Cantú, el candidato a la gubernatura de Tamaulipas, fue asesinado.
El crimen tenía el propósito evidente de influir en la elección y de mandar un mensaje criminal a la ciudadanía y a la clase política.
A los bandidos las cosas no les salieron como querían, porque el candidato de relevo fue Egidio, el hermano del aspirante que cayó por las balas de los delincuentes.
La muerte de Torre Cantú, sin embargo, fue uno de los mensajes más ominosos de la historia reciente del país.
El crimen sigue impune, lo que habla de la ineficacia de las autoridades involucradas en las investigaciones y de la impunidad que corroe nuestra vida pública, inclusive en eventos de gran relevancia.
Los investigadores del caso cuentan con información, con modus operandi y con el contexto que en ese momento imperaba en el estado.
Es más, la forma de actuación del comando que mató al candidato, indica que no se trató de un grupo cualquiera, por su nivel de eficacia, pero también de violencia.
La impunidad es sin duda uno de los dramas mayores de la vida pública mexicana y es así porque lastima la convivencia social e impide la reparación del daño, que es uno de los ejes más importantes de nuestra vida democrática.
Las indagaciones sobre el homicidio de Torre Cantú por desgracia se inscriben, hasta el momento, en el patrón de ineficacia que caracteriza a la actuación de los ministerios públicos, quienes por ley son los encargados de resolver estas situaciones.
Los grandes crímenes, ya se sabe, dan cuenta de lo más profundo de las sociedades en que éstos ocurren, pero son también, si se procura justicia, una oportunidad para corregir riesgos y distorsiones.
Tamaulipas, conviene no olvidarlo, es uno de los estados en los que la violencia criminal ha causado mayores estragos.
Hay que señalar, de igual modo, que el estado cuenta con un gobierno eficiente que ha sabido enfrentar las adversidades y ha resuelto buena parte de los pendientes, inclusive en materia de seguridad, al lograr el aumento de la presencia militar y del compromiso de las autoridades federales para enfrentar cada uno de los retos que existen en una de las zonas fronterizas más importantes para nuestro país.
Pero resolver el caso del homicidio de Torre Cantú es una de las asignaturas pendientes para la consolidación de nuestro estado democrático, porque, entre otras cosas, es inaceptable que los criminales puedan retar a la sociedad y a sus autoridades sin que a la larga reciban su merecido.
No es fácil, pero sin duda hay que revertir las espirales de impunidad para buscar mejores escenarios para el futuro lo que, además, ayudará a reconstruir el tejido social y a generar mejores contextos para el futuro.
Por eso, entre otras cosas, es urgente que las autoridades detengan y lleven a juicio a los asesinos de un político que sin duda habría gobernado su estado.
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