* La PGJE puede volver a integrar con diferentes elementos la probable responsabilidad * Esta vez no aportaron todas las pruebas necesarias desde el inicio; a ello se debe que los liberaran, dice Lizbeth Loy Song Encalada

 Por Víctor Campos

CHETUMAL, 3 de abril.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Lizbeth Loy Song Encalada, sostuvo que existe certidumbre en la actuación de los jueces de Quintana Roo, y en su caso, existen los recursos de ley para inconformarse por alguna decisión que, en el caso de los policías del municipio de Benito Juárez, sólo respondió a la determinación de la justicia federal.

La también presidenta del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado, invitó a todas aquellas personas que tengan alguna queja contra la actuación de un juzgador para que presente la queja correspondiente, ya que si bien entre las facultades de ese órgano se encuentra el mantener el seguimiento de las actuaciones, se requiere de la queja para que se proceda en consecuencia, ya que en este caso corrían el riesgo de caer en desacato de una decisión federal.

En entrevista con POR ESTO! de Quintana Roo vía telefónica desde la ciudad de Cancún, la magistrada aclaró que respeta las declaraciones del subprocurador de justicia en la zona norte, Luis Raymundo Canché Anquino, y por tanto no entraría a la discusión dando una opinión contestando al subprocurador sobre este tema, “soy muy respetuosa de sus declaraciones”.

Contactada tras una sesión de pleno en la ciudad de Cancún, Song Encalada aceptó comentar la decisión de los jueces segundo y cuarto de lo penal que resolvieron estrictamente apegados a derecho.

Apuntó que en el caso de los hechos en que se involucraron a policías del municipio de Benito Juárez, el caso se analizó y estudió en los respectivos juzgados, y por ello se determinó librar las ordenes de aprehensión, pero en la ampliación del término constitucional que solicitaron sus defensores particulares, ofrecieron y desahogaron pruebas como la denominada “fatiga” que es la lista del personal que labora en la corporación y mediante la cual se comprobó que estuvieron en otros lugares.

Asimismo, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, apuntó en tanto se daba ese proceso la defensa presentó una copia certificada del auto de libertad por falta de elementos para procesar que emitió un Juzgado de Distrito, en virtud que consideraron que no se daban los elementos de la probable responsabilidad y por ello dictó el auto de libertad a favor de los policías.

Dijo que con esta copia certificada del Juzgado de Distrito fue hecha valer por la defensa en ambos distritos, el segundo y el cuarto, y ahí los jueces aun cuando fueron copias certificadas verificaron la procedencia y la originalidad, de tal manera tras su análisis concordaron los elementos y que se trataba de la misma averiguación previa que se presentó ante la Procuraduría General de la República, PGR, y que se trataba también de los mismos elementos que la Procuraduría consignó a los Juzgados.

Explicó que en el Juzgado de Distrito estudiaron a fondo la averiguación, pruebas, documentales, testimoniales y resolvió con el auto de libertad por falta de elementos, ya que incluso mostraron fotos de que el día en que se dieron los hechos estaban en un circo con su familia en el momento de los hechos, y por ello, los jueces locales coincidieron en que no había elementos y dictaron auto de formal libertad por falta de elementos.

“Esto no quiere decir que los hayan absuelto, o que los hayan exonerado pues la Procuraduría puede volver a integrar con diferentes elementos la probable responsabilidad, ahí deben de seguir investigando y si se aportan nuevos datos en contra de estas personas, se podría dar otra orden de aprehensión o si consignan con detenido podría darse el auto de formal prisión dependiendo de cómo esté integrada de nuevo la averiguación”.

Y es que la liberación de los cinco elementos de Seguridad Pública y del sicario Gustavo Adolfo Guzmán Rodríguez -relacionados con la ejecución de David Barrita y su hijo Kevin, además del “levantón” de Carlos Valdez Ramos-, por parte de los jueces segundo y cuarto de lo Penal (Benjamín Navarrete Silva e Isidoro Castro Arrieta respectivamente), causó indignación en la Procuraduría General de Justicia del Estado, debido a que según no aportaron todas las pruebas necesarias desde un inicio y por eso los liberaron.

Sánchez Anquino, agregó que “es realmente extraño que todos los casos relacionados con policías municipales, los jueces penales los estén liberando tan fácilmente”, en referencia a otro hecho ocurrido en diciembre de 2006, en una balacera en la colonia Cuna Maya donde se consignó a varios elementos de Seguridad Pública (caso de Noé Morales Pérez, alias “El Burro”).

“Quiero manifestar que persiste una indignación de parte de la Procuraduría de Justicia, respecto a la forma en que (los jueces) están resolviendo el asunto de los policías, pues hasta ahorita hemos consignado a varios con pruebas fehacientes, y mediante resoluciones extrañas, los dejan en libertad”.