Por Salvador Canto

La liberación de los cinco elementos de Seguridad Pública y del sicario Gustavo Adolfo Guzmán Rodríguez -relacionados con la ejecución de David Barrita y su hijo Kevin, además del “levantón” de Carlos Valdez Ramos-, por parte de los jueces Segundo y Cuarto de lo Penal (Benjamín Navarrete Silva e Isidoro Castro Arrieta respectivamente), causó fuerte indignación en la Procuraduría General de Justicia del Estado, debido a que –dicen– “nosotros aportamos todas las pruebas necesarias desde un inicio y tan es así, que nos liberaron la orden de aprehensión de los mismos”, según el subprocurador Luis Raymundo Canché Anquino.

Quien además dijo: “nos dejan solos en el combate a la delincuencia, simple y sencillamente”.

Agregó que “es realmente extraño que todos los casos relacionados con policías municipales, los jueces penales los estén liberando tan fácilmente”, en referencia a otro hecho ocurrido en diciembre de 2006, en una balacera en la colonia Cuna Maya donde se consignó a varios elementos de Seguridad Pública (caso de Noé Morales Pérez, alias “El Burro”).

“Quiero manifestar que persiste una indignación de parte de la Procuraduría de Justicia, respecto a la forma en que (los jueces) están resolviendo el asunto de los policías, pues hasta ahorita hemos consignado a varios con pruebas fehacientes, y mediante resoluciones extrañas, los dejan en libertad…”

“… Ni un policía hemos podido procesar, y eso para mí es bastante indignante, porque el trabajo que la Procuraduría está haciendo es serio y es responsable y no consignamos si no tenemos las pruebas suficientes para ello, por qué, porque sabemos que no tiene sentido hacerlo sin tener el sustento legal…”

“… Por eso, a mí se me hace bastante grave y misterioso, así lo digo y lo sostengo, la resolución mediante la cual el juez otorgó el auto de libertad por falta de elementos de estos últimos policías y por ello, vamos a apelar esta decisión”, expresó.

“Ahora, se me hace incongruente y fuera de cualquier criterio lógico-jurídico que primero me concedan (los jueces) la orden de aprehensión y después me los liberen por falta de elementos, que porque ofrecen ellos pruebas; en todo caso, es un desvanecimiento y el desvanecimiento es posterior al auto de formal prisión, y a mí se me hace bastante fuera de lugar la resolución que el juez emite al respecto”, puntualizó.

Dijo que “si en verdad estas personas no tienen nada que ver, hubieran declarado cuando se les requirió en las rejillas de práctica, pero no lo hacen y se reservan el derecho…”

“… Hasta donde tengo entendido, todavía sigue vigente una tesis que dice que las primeras declaraciones son las válidas, porque las posteriores ya se entienden aleccionadas y dos de ellos (los policías) presentaron la declaración por escrito y aun así lo aceptó el juez y es ahí donde se ve hacia qué lado se inclina la balanza”.

Insistió que “vamos obviamente a apelar esa resolución, vamos a hacer un análisis de ello, yo acabo de hablar con la fiscal, yo personalmente fui al juzgado a checar los autos, lo que ellos (policías) ofrecieron, evidentemente ellos se defendieron -tienen todo el derecho-, ofrecieron la testimonial de compañeros de ellos de policías, ofrecieron unas partidas, yo solicité a Seguridad Pública unas partidas (durante la integración del expediente) y me dan unas partidas, ahora ellos exhiben otras partidas que inclusive son ratificadas por compañeros y altos jefes de ellos (Luis León Magno Beltrán y Miguel Montiel Córdoba), el juez valoró nada más esas pruebas y así los liberó, no tomó en consideración ninguna de las pruebas que la averiguación previa ofreció, nada más las pruebas que ellos ofrecieron que son testimoniales de policías de compañeros de ellos, y unas partidas que exhiben”.

Sostuvo que la consignación del expediente que consta de más de 500 hojas, se hizo porque se contó con los elementos suficientes y entre estos, declaración de testigos que vieron la participación de esta gente (policías) en los hechos delictivos y que además, con anterioridad los habían visto que iban a cobrar al negocio de Barrita las cuotas por la venta de drogas en las patrullas 5077, 5078 y 5073.

Reconoció que el agraviado del “levantón” (Carlos Valdez Ramos) no los identifica porque a él lo sorprendieron cuando le estaban cortando el cabello, lo tumban al piso, lo ponen boca abajo y posteriormente lo sacan con una toalla enrollada en la cabeza y evidentemente, con esto no puede identificar ni el vehiculo en que lo trasladan.

Canché Anquino señaló que además de la apelación del caso, van a solicitar a judicatura que se proceda de otra manera. “Vamos a revisar las copias del auto de formal prisión para que nosotros hagamos un análisis jurídico de él y de esta forma poder proceder”.

Comentó que con este tipo de acciones donde los policías quedan libres, “mi gente realmente está indignada, está temerosa de que les vayan a hacer algo, porque tal parece que sólo la Procuraduría los está hostigando y al llegar con los jueces, estos los sueltan…”

“… Realmente es una cuestión de alto riesgo porque sabemos como están las cosas, sabemos qué tipo de crimen es y que nuestras vidas corren peligro porque sabemos con quién estamos tratando, pero esto así es”.

Incluso, el subprocurador General de Justicia del Estado, reveló que en una ocasión policías municipales lo pararon y encañonaron, aunque pese a ello él continúa trabajando.

“Los policías me dijeron que habían reportado gente armada y me encañonaron y si eso no lo hice del conocimiento de la prensa, fue porque pensé que no era necesario y tan es así que sí ocurrió que están de testigos mis escoltas y nunca dije nada”, concluyó.