* En los listados de Manifestaciones de Impacto Ambiental autorizadas de 2006 a la fecha, publicados por la Semarnat, no aparece referencia alguna al proyecto * Sin la MIA no se explica cómo obtuvo la licencia municipal de construcción que esgrime para justificar el desmonte, el cual por cierto, continúa

Por Antonio Rea

COZUMEL, 29 de junio.- La construcción de una pista de aterrizaje en medio de la selva cozumeleña no cuenta con la correspondiente aprobación de impacto ambiental, o al menos, en los listados de Manifestaciones de Impacto Ambiental autorizadas de 2006 a la fecha, publicados por la Semarnat, no aparece referencia alguna al proyecto denominado "Aerogolf Cozumel".

Las listas de Manifestaciones de Impacto Ambiental autorizadas por la Semarnat en los últimos tres años, de 2006 a lo que va de este 2008, no mencionan ninguna autorización emitida a favor de Eduardo Alberto Toledo Parra o de su proyecto “Aerogolf Cozumel”, que es como se le denomina a la obra que este empresario lleva a cabo en plena selva cozumeleña, en un lugar considerado de reserva ganadera y que además está adyacente a la zona de captación de agua potable de la isla.

Cabe mencionar que toda obra con las características de la que se desarrolla en la selva cozumeleña, por ley requiere de elaborar un estudio de impacto ambiental, que determine los riesgos que tienen esos trabajos y la forma en que se mitigará su posible impacto al medio ambiente.

Ese estudio, que se debe realizar por especialistas, además debe ser evaluado y en su caso autorizado por la Secretaría Federal del Medio Ambiente (Semarnat), a este trámite se le conoce por las siglas del estudio como MIA, por Manifestación de Impacto Ambiental, y es ilegal empezar las obras si antes no se tiene esa autorización.

No basta con mandar realizar el estudio, sino que tal estudio y sus conclusiones deben ser aprobados por la Semarnat para iniciar los trabajos.

En caso de existir tal autorización, la ley de transparencia exige que sea publicado así en la página de la dependencia (semarnat.gob.mx), con el objetivo de que cualquier ciudadano pueda consultar los resultados.

POR ESTO! se dio a la tarea de revisar todas las listas de “MIA’s” autorizadas de tres años a la fecha y en ninguna parte se menciona este proyecto, a su razón social o a su promovente Eduardo Alberto Toledo Parra, quien con esta omisión podría estar incurriendo en una ilegalidad más al haber desmontado, todo parece indicar que sin autorización federal, varias hectáreas de suelos forestales en el corazón de la isla.

Se supone que en este caso tendría que actuar la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que en la isla es representada por un joven llamado Rodrigo Hernández, quien desde que llegó al puesto, a principios del 2006, ha dado nulos resultados en su trabajo y ha permitido –ya fuera por acción u omisión- varios graves atentados al medio ambiente en los que su oficina, que supuestamente debería ser la primera línea de defensa de la naturaleza, simplemente ha brillado por su ausencia.

De no existir la MIA para este proyecto, como se puede inferir de revisar las mencionadas listas de la Semarnat, en Cozumel, se está cometiendo un delito federal mayor y se están violentando una serie de leyes que merecerían llamar la atención de autoridades como la Contraloría del Estado y la Secretaría de la Función Pública, pues sin la MIA no se explica cómo obtuvo el proyecto la licencia municipal de construcción que esgrime para justificar el desmonte, el cual por cierto, continúa.