Antes que transcurriera tan sólo una semana del plebiscito autonomista realizado en Santa Cruz, el Departamento más rico de Bolivia, el Senado del país andino, dominado por la oposición, aprobó el jueves la convocatoria a un referendo de revocatoria del Presidente Evo Morales, del Vicepresidente Alvaro García y de los nueve prefectos (gobernadores) departamentales.

En diciembre pasado cuando Bolivia vivió una crisis, en medio de disturbios, derivada de la reforma constitucional, el presidente Morales propuso la convocatoria a un referendo revocatorio.

En aquella ocasión los opositores y las regiones autonomistas rechazaron la Constitución aprobada en Oruro, al considerarla ilegal por haber sido aprobada sin la participación de la mayoría de los sectores rivales.

Las reformas aprobadas a fines de 2007 consideraron una autonomía para las regiones, pero diferente a la que exigen los Departamentos de Santa Cruz, Benin, Pando y Tarija. También reconocieron la autonomía para los indígenas.

Pero, ante el desafío hecho por Morales cinco meses atrás de someter a las autoridades electas a la sentencia popular, precisamente mediante un referendo revocatorio, la oposición guardó un cauto silencio.

La oligarquía no quería someterse al veredicto de la nación antes de elaborar, con esmerado celo y un "privilegiado" asesoramiento, el caldo de cultivo para el desarrollo de un proceso separatista que dividiera el país, de espaldas al diálogo con el Gobierno.

Después del sondeo del pasado 4 de mayo en Santa Cruz y de la convocatoria de nuevos Estatutos autonomistas que se realizarán el próximo 1 de junio en las restantes regiones de la denominada "media luna", los analistas coinciden en apuntar que el Senado, con mayoría de derecha, esperó el momento que consideró oportuno para viabilizar el proyecto revocatorio, sustituir al mandatario e intentar echar abajo la nueva Constitución del país.

El propio jueves, ante la aprobación por el Senado de una ley para convocar el plebiscito, Morales insistió en su convicción de que "es mejor ir al voto ciudadano y evitar cualquier confrontación y dar una salida pacífica al país".

En su mensaje a la nación, que se transmitió por la televisora estatal, el mandatario dijo que si los políticos no pueden pactar: "Qué mejor que el pueblo decida el destino del presidente y los prefectos". En este sentido exigió al Senado que le remita el proyecto de ley para su inmediata promulgación.

El Ejecutivo se refirió a la enorme satisfacción que le provocó "saber que el Senado, finalmente, ha aprobado la iniciativa del Gobierno de convocar a referendo revocatorio del mandato presidencial y el de los prefectos"; que se basa en el proyecto enviado por la administración el año pasado y que había aprobado ya la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados.

Una vez que el Presidente promulgue la ley, el referendo deberá efectuarse en 90 días.

Oscar Ortiz, uno de los dirigentes de la oposición y presidente del Senado expresó que con la ley buscan frenar la aprobación del proyecto constitucional que impulsa el Gobierno.

Mientras para Ortiz el propósito del Gobierno de aprobar la Constitución "llevaría al país a un escenario de división y confrontación", para el vicepresidente de la República, Álvaro García, la consulta cruceña del pasado domingo 4 de mayo dividió más a sus habitantes y opinó que la necesaria unidad, sólo se podrá erigir a través de la construcción de una autonomía legal reencauzada en el orden constitucional.

Previamente, el mandatario había llamado a los prefectos de los departamentos cuyas autoridades promueven referendos autonómicos, a un diálogo sin condiciones a partir del próximo lunes; pero se conoció de la negativa de las máximas autoridades de las regiones de Beni y de Pando, quienes alegaron que esperarán por las consultas autonómicas en sus respectivos territorios. Lo que se conoce como la táctica de ganar terreno a la hora de una posible negociación.

Curiosamente, el propio jueves el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, había manifestado su apoyo al trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para promover el diálogo entre el gobierno boliviano y los departamentos del país en favor de la autonomía.

Ban se refería a la resolución del 3 de mayo, previo al referendo en Santa Cruz, en que la OEA había rechazado "cualquier intento de ruptura" del "respeto al orden constitucional y la integridad territorial de Bolivia", aunque sin censurar al referendo autonómico convocado para el día siguiente.

En el documento, el organismo regional exhortaba a "todos los factores políticos y sociales a llegar a un consenso en los asuntos apremiantes que afectan al pueblo boliviano".

El Presidente, en un elevado gesto, agradeció el apoyo de los movimientos sociales a su gobierno, pidió que se respete la decisión del pueblo y que se garantice el proceso democrático en Bolivia, en el marco de la Constitución.

He reiterado que el enemigo se disfraza pero no renuncia, que se enquista pero espera, que se repliega pero regresa.

A propósito, los objetivos de la Comuna de París, en 1871, se volvieron sangre y humo cuando el enemigo monárquico, virtualmente derrotado, se preparaba en la periferia de la capital francesa para arrasar con el legítimo sueño de los humildes de "tomar el cielo por asalto".

Bolivia representa una pieza clave en el escenario de América Latina y el Caribe.

Esperemos que se imponga la justicia social y que el pueblo, una vez más, juegue el papel decisivo en los destinos de la nación.

Son muchos los intereses geopolíticos estratégicos que están en juego.

Si no, que le pregunten al Excelentísimo Señor Embajador de Estados Unidos en el enclave del altiplano.