MÉXICO, D.F., 6 de mayo (EL UNIVERSAL) El constitucionalista y maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Carrancá y Rivas, advirtió esta mañana que por el sólo hecho de haber enviado cinco iniciativas de reforma energética al Congreso, el presidente espurio Felipe Calderón podría ser objeto de demanda de juicio político. El envío de proyectos de decretos constituye en sí mismo el ejercicio de un acto de poder, explicó, y por lo tanto se le puede exigir el cumplimiento del artículo 87 de la Carta Magna, que lo obliga a “cumplir y hacer cumplir la Constitución'', desde el momento en que asume el cargo.
El 13 de mayo se prevé inicie un debate sobre la reforma energética con la participación de especialistas y políticos que opinen en esta materia. Tal acuerdo se tomó luego de que legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, ocuparon durante dos semanas las tribunas del Congreso en un intento por frenar, dijeron, la aprobación de la reforma energética que privatizaría Petróleos Mexicanos (PEMEX).
El doctor en Derecho y ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Jaime Cárdenas, dijo que se debe exigir a varios diputados y senadores excusarse de participar en la discusión y eventual votación de las iniciativas presidenciales en materia petrolera. Entre estos, mencionó al actual presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida Ochoa, por haber estado involucrado en el llamado “Pemexgate'', así como al diputado Juan Bueno Torio, por estar ligado a contratistas y empresarios del sector. Señaló Cárdenas que la propuesta de reforma a la ley orgánica de Petróleos Mexicanos (PEMEX) abre el riesgo de que dicha paraestatal sea vista como una empresa privada en litigios legales de carácter comercial, con lo que tendría que responder a tribunales extranjeros de los países involucrados en contratos con PEMEX.
A su vez, el ex magistrado Juventino Castro y Castro estableció que al margen de las figuras del referéndum y del plesbiscito, el gobierno está obligado constitucionalmente a pedir la opinión popular sobre un tema como la posible privatización de algunos rubros de la industria petrolera. Esta mañana se dio a conocer que Cuauhtémoc Cárdenas y Lorenzo Meyer serían los primeros participantes del PRD en el debate nacional sobre la reforma petrolera.
Así, juristas, constitucionalistas, catedráticos y dirigentes políticos expresaron este martes su profunda preocupación por el trasfondo de las iniciativas presidenciales para permitir la entrada del capital privado -nacional y extranjero- en la industria petrolera en México. Con la reforma a la Ley Orgánica de Petróleos mexicanos, dicha empresa podría quedar sujeta a criterios de derecho corporativo o comercial y quedar expuesta a las leyes o litigios de tribunales extranjeros. En esto coincidieron los juristas Raúl Carrancá y Juventino Castro; los catedráticos Jaime Cárdenas y Bernardo Bátiz, los politólogos Lorenzo Meyer y Manuel Bartlett así como el dirigente del Frente Amplio Progresista Porfirio Muñoz Ledo. De acuerdo con el artículo 40 del proyecto de la Ley Orgánica de PEMEX, señalan, se otorgarán ``permisos'' a particulares para la exploración petrolera y la perforación y las controversias que de ello resulten se regirán por el derecho privado. Así, estos acuerdos con empresas privadas se considerarán ``actos de comercio'', PEMEX pasará a ser un particular, lo que permitiría someter a esta paraestatal al arbitrio de tribunales extranjeros, “esto es gravísimo'', advirtió Jaime Cárdenas.
El jurista Raúl Carrancá advirtió que la sola presentación del paquete de iniciativa de ley constituye un acto de autoridad del Ejecutivo; por Tanto, desde ahora se le puede mandar o exigir el cumplimiento de la Constitución conforme al artículo 87. Esto podría implicar el inicio de una demanda de juicio político, señaló el constitucionalista y maestro emérito de la UNAM durante el Simposio Petróleo y Seguridad Energética, organizado por el Frente Amplio Progresista (Partido de la Revolución Democrática, Convergencia y Partido del Trabajo). 
Juicio político se impondrá a los servidores públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. ``Yo sostengo, puede que esté equivocado, que el Presidente al enviar las iniciativas que estamos analizando, ya incurrió en un acto como funcionario, como servidor, al margen de que se apruebe o no por el Congreso de la Unión; en esa consecuencia: juicio político'', sentenció.
El juicio político es decisión pública y cualquiera puede presentarlo, dijo Carrancá y Rivas al tiempo que Muñoz Ledo advirtió que México se encuentra “en el dintel de la ruptura'' si el Congreso y la Suprema Corte avalan estas reformas. Además, Jaime Cárdenas advirtió que algunos diputados y senadores deberán ``excusarse'' de participar en este debate pues, dijo, algunos de ellos tienen “conflictos de interés'' en el tema. Estos son los casos, precisó, del diputado Juan Bueno Torio y del Senador Francisco Labastida. El primero, por los compromisos que tiene con los empresarios contratistas y Labastida por su participación en el llamado Pemexgate.
Por su parte Bernardo Bátiz dijo que hay confusión en la terminología, en los conceptos y hasta en la exposición de motivos de la propuesta de la Ley Orgánica de PEMEX. Dijo que en ella se habla de ``Rectoría'', que es una función desde afuera de las empresas, donde se pueden otorgar concesiones o permisos bajo la vigilancia externa del Estado. Lo que se deben tutelar, dijo, son áreas estratégicas, que son de exclusividad, propiedad y control del Estado. En ésta área se encuentra el petróleo. Ahí no hay posibilidad de otorgar ni concesiones ni permisos.
Por su parte, el ex secretario de Gobernación, Manuel Bartlett admitió que desde hace muchos años existen en México los contratos de servicios públicos, que han sido ``el gran ensayo'' de lo que se pretende hacer ahora. Por tanto, advirtió que se necesita detener no sólo la inconstitucionalidad de las iniciativas, sino los contratos que ya existen y que ya están en curso. Los contratos de servicios múltiples son contratos de explotación.