Por Angel Euán

TULUM, SOLIDARIDAD, 4 de mayo.- El caso “Casa Magna”, el cual recientemente fue devuelto a su supuesta “legítima propietaria”, por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), quien después de once años y mediante procesos jurídicos, se le fue reasignado, sin embargo la ciudadanía se pregunta, por qué la Procuraduría General de la República (PGR), se negó a dar información sobre este caso, aún cuando en el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en el año de 2006 hizo la solicitud para obtener datos, mismos que le fueron negados rotundamente.

Por lo que ahora piden a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que actué acerca de esta situación y explique qué sucedió desde 1997, año en el que fue asegurado dicho bien mueble, por parte de la extinta Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Contra la Salud (FEADS), hasta este año que actualmente esta corriendo.

Adolfo del Villar Conde, representante del Sol Azteca en la ciudad, pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), presente un informe sobre la situación legal de la “Casa Magna”, el cual en días pasados el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), mediante el oficio con fecha del 22 de abril, marcado con el número DCO/DCR/CRC/ATJRC/0734/08, se le informó a Sandra Eufracia Sánchez Vega, que se le iba a entregar su propiedad que en el año de 1997 fuera asegurada por la FEADS, dejando inexistente el aseguramiento decretado dentro de la Averiguación Previa marcada con el número AP 215/MPFEADS/97, donde al principio se presumía que era propiedad del capo colombiano Pablo Escobar Gaviria.

Pidió también que explique de qué manera la Procuraduría General de la República (PGR), dio a rentar dicha propiedad marcada con el número 10F y 10G, del predio denominado “Punta Piedra” ubicado en el kilómetro 9.5 de la carretera vecinal Tulum-Punta Allen, a dos extranjeras de nombre Melissa Glee Perlman y Erica Joy Gracc, por parte de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).

Así como también rendir un informe detallado de todo lo sucedido durante estos once años, período en el cual estuvo asegurada dicha propiedad por la PGR. Ya que en base en el artículo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está siendo violada, por las propias autoridades quienes deberían ser las primeras en respetar nuestra Constitución.

Adolfo del Villar, señaló cómo en este y otros casos, las propias autoridades federales, estatales y municipales han aplicado la denominada “Ley Mordaza”, ya que después de haber pasado cierto tiempo de vigencia, se da a conocer la información la cual permaneció oculta durante muchos años.