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Además de este singular reclamo, algunos asistentes, como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se enfrascaron en una fuerte discusión con los representantes del gobierno federal, luego que se dieran a conocer los resultados de una encuesta sobre inseguridad pública en la que ambas entidades no salieron bien libradas.
Esta 28 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública ha sido de las más ríspidas, a tal grado que el secretario ejecutivo del organismo, Jorge Tello Peón, enmudeció ante la molestia y los vehementes reproches de los gobernadores.
El ambiente de tensión fue creciendo. Los gobernadores cuestionaron duramente a Luis de la Barreda, director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad Pública, por los resultados de su trabajo.
Sobre todo ante datos impactantes, como el hecho de que 50 e la población tenga miedo de salir a las calles y que más de 56 e los mexicanos no deja a sus hijos solos en sus respectivas ciudades.
Paradójicamente, los miembros del gabinete presidencial, como el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, o el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no intentaron responder a los gobernadores.
Y otros, como el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, también optaron por guardar silencio, impávidos ante la dura postura de los mandatarios estatales.
El ambiente fue crispándose más hasta el punto que el espurio Calderón se vio obligado a jugar el papel de conciliador.
Los problemas afloraron desde que el mandatario de Jalisco, Emilio González Márquez, habló a nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
En un inesperado discurso, dijo que los mandatarios estatales no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar a la delincuencia organizada, sobre todo en delitos en los que la participación del gobierno federal no siempre es constante, como el robo o los secuestros.
Ante la mirada atónita del espurio Calderón, quien movía nervioso los dedos de la mano izquierda, el gobernador jalisciense pidió que al menos 1 e la recaudación fiscal se regrese a los estados, etiquetada para combatir a la delincuencia.
La Conago también propuso que, en caso de que el gobierno federal tenga también algún ahorro, se piense en apoyar a los estados.
Los gobernadores además reclamaron la forma en que son tratados los policías locales.
Desde su punto de vista, en los operativos desplegados por el Ejército o la Policía Federal (PF), se menosprecia a los agentes locales y, aún peor, dejan ver a la opinión pública que estas corporaciones locales son parte de los problemas aun cuando no siempre sea así.
“Empecemos por reconocer el trabajo de los policías locales que también han dado la vida por sus ciudadanos”, sentenció el panista González Márquez.
Por otro lado, los gobernadores pidieron más retroalimentación con el gobierno federal ya que, cuando logran detener a un presunto responsable de delitos relacionados con la delincuencia organizada, no siempre saben de su paradero, sino que además luego es puesto en libertad sin por lo menos notificar algo a las entidades involucradas.
El ambiente en Palacio Nacional se complicó aún más cuando Luis de la Barreda expuso sobre una pantalla los resultados de la percepción de inseguridad pública en los estados, en particular en delitos del fuero común –homicidios, robos y asaltos con violencia— que, en el papel, corresponden a las Procuradurías locales.
Marcelo Ebrard dijo que no era sensato tomar esos datos como oficiales, ya que nunca hubo un acuerdo previo de la Conago para ese trabajo.
De hecho demandó que se explicara la metodología empleada, pues las cifras ahí vertidas no coincidían con las del gobierno de la Ciudad de México.
No obstante, Ebrard Casaubón fue aún más puntilloso cuando le preguntó a Luis de la Berreda quién había financiado ese trabajo:
—¿Quién aportó el dinero para ese estudio? –cuestionó Ebrard.
—Fue el Consejo Nacional de Seguridad Pública y diez o doce estados —respondió el director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.
—Entonces ¿usted me está diciendo que hubo dinero del gobierno federal? –acorraló Ebrard, lanzándole una dura mirada al especialista.
—Fue dinero del Consejo y de diez estados –insistió De la Barreda.
A propuesta de Ebrard, los gobernadores se fueron sumando para pedir que se hiciera una comisión especial para definir qué tipo de sistema de evaluación puede reflejar –desde su perspectiva— con mayor nitidez la inseguridad pública sin denostar el trabajo de las entidades.
Entonces el priísta Peña Nieto respaldó al perredista Ebrard y, además, demandó que en esos trabajos se tome en cuenta los avances, los programas oficiales que han dado resultado.
Por su parte el gobernador de Chihuahua, Reyes Baeza, demandó tomar en cuenta que, por ejemplo, hace dos años su estado no estaba clasificado como “el más inseguro”, pero luego que el espurio Calderón emprendió la “guerra” contra el narcotráfico, sobrevino un reajuste de los cárteles, que entonces desplazaron sus intereses y conflictos hacia el norte del país, especialmente a Chihuahua.
Antes que concluyera la reunión, el espurio Felipe Calderón otorgó parte de la razón a los gobernadores, en el sentido de que no se explicó la metodología ni tampoco se tomaron en cuenta los avances de los estados.
Además el Ejecutivo aceptó que se creara una comisión de gobernadores para elaborar un nuevo estudio sobre inseguridad.
No obstante lo anterior, el espurio Calderón también pidió considerar que se necesitan “ojos externos” sobre su trabajo, estudios de terceros que arrojen aspectos novedosos por atender.
“Entiendo que uno de los terrenos en donde mejor se ha trabajado ha sido en el Distrito Federal”, admitió el espurio Calderón.
Fuerte crítica de Ebrard
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, demandó una evaluación profunda del sistema de seguridad, ante la falta de correspondencia entre la inversión pública en esa materia y el incremento de la violencia en el país.
Durante su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Ebrard Casaubón señaló que “en los últimos años ha habido un incremento muy relevante e importante en materia de seguridad y, sin embargo, tenemos índices de violencia altos respecto del pasado a nivel nacional”.
Más tarde, en la sede del gobierno capitalino, el jefe de Gobierno resaltó que en “cada programa, de cada acción, tiene que haber una evaluación específica de cada una de las cosas y también de lo que se invierte, cuánto se invierte, qué se resuelve y qué resultado obtiene”.
Luego de considerar como “muy relevante” que uno de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública fuera en el sentido de diseñar el Sistema Nacional de Evaluación que se aprobará en la siguiente reunión de ese órgano, en el primer trimestre de 2010, el mandatario capitalino destacó: “Tenemos que aclarar qué efectos están teniendo esos recursos, en qué los estamos invirtiendo o a qué se debe que no siempre tengan los resultados que quisiéramos”.
Piden recursos
Estados y municipios se quejaron ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública por la reducción de recursos para enfrentar al crimen organizado el próximo año. El gobierno de Jalisco, Emilio González Márquez aseguró que los estados tienen nuevas atribuciones en e combate al narcomenudeo y atención a menores infractores, pero “no contamos con los recursos suficientes para hacer frente con éxito a estas nuevas responsabilidades”.
A nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores, González Márquez pidió al espurio Felipe Calderón que los sobrantes en el ejercicio presupuestal federal puedan ser destinados al rubro de seguridad a las entidades federativas.
El mandatario estatal pidió hacer un esfuerzo para incrementar el Fondo de Aportciones para la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal, fijando como base el por ciento de la recaudación Federal participable de manera gradual.
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