Insensible
2009-11-12

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuevamente, dio la espalda a los trabajadores electricistas negándose a crear una comisión investigadora sobre el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro

MÉXICO, D.F., 11 de noviembre (APRO).- El presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, rechazó la petición del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para crear una comisión investigadora sobre el decreto presidencial por el que se extinguió la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

En un acuerdo distribuido ayer miércoles entre los ministros, Ortiz Mayagoitia propuso desechar por “notoriamente improcedente” la solicitud hecha el pasado lunes pasado por el dirigente del SME, Martín Esparza, quien alegó que con el decreto el gobierno federal cometió grave violación de garantías contra los trabajadores de la empresa.
De ser apoyada por el resto de ministros, sería la segunda negativa en menos de 24 horas por parte de la Suprema Corte en relación con el decreto del 10 de octubre firmado por el espurio Felipe Calderón.
El pasado martes10, el ministro José Ramón Cossío también desechó por improcedente la controversia constitucional promovida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en contra de la extinción de Luz y Fuerza.
Cossío estableció que el decreto no afecta las atribuciones constitucionales del Distrito Federal por lo que su Asamblea Legislativa carece de “interés jurídico” en el caso.
Ortiz Mayagoitia también consideró que el SME carece de ese interés para solicitarle a la Corte el ejercicio de su facultad establecida en el artículo 97 de la Constitución.
Esa disposición permite investigar casos de violación grave a las garantías individuales, como lo ha hecho la Corte en los casos de Aguas Blancas, Atenco y Oaxaca, entre otros.
La apuesta del SME es que ante esa falta de personalidad jurídica, algún ministro del máximo tribunal haga suya la petición.
Ortiz Mayagoitia recordó que fuera de los ministros, la facultad investigadora sólo puede ser solicitada por el presidente de la República, los gobernadores y el Congreso de la Unión.
El SME depende ahora de que la Cámara de Diputados promueva una controversia constitucional. El límite que tiene es el 24 de noviembre próximo.
Ese mismo día se celebrará la audiencia constitucional para que la juez Guillermina Coutiño Mata resuelva el amparo contra el decreto firmado por 26 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.