Extinción de dominio en el caso de robo de infantes
2009-11-10

Promoverá la Procuraduría del DF contra las tres clínicas involucradas en el tráfico de niños

MEXICO, D. F, 9 de noviembre (APRO).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) promoverá la extinción de dominio contra dos nosocomios y la clínica propiedad del doctor Manuel Mancera González, donde se puso al descubierto la existencia de una banda dedicada al robo y venta de recién nacidos.

Luego de una investigación en el Registro Público de la Propiedad (RPP), la Consejería Jurídica del gobierno capitalino detectó dos clínicas más propiedad de Víctor Manuel Mancera González.
La consejera jurídica Leticia Bonifaz dijo que la información de las tres clínicas, incluyendo aquella donde se llevó a cabo la detención de Mancera González y sus cómplices, ya le fue entregada a la Procuraduría capitalina para que se proceda legalmente contra los responsables.
“Estamos hablando de tres hospitales en Venustiano Carranza, del mismo propietario; hay dos sociedades anónimas, una que se llama así, Hospital Central de Oriente, y la otra es Inmobiliaria Zaragoza SA”, aclaró.
La funcionaria capitalina precisó que el delito “es delincuencia organizada y tráfico de menores. Como el dueño no es un tercero, como ha pasado en otras ocasiones, sino es él el que va a estar sujeto a juicio, yo creo que va a ser más corto (el proceso de extinción de dominio)”.
Entrevistada al final de la presentación de propuestas de reformas a diversas leyes locales, Bonifaz abundó en que también ya inició el procedimiento para anular el acta de nacimiento de la menor recuperada y otorgarle una que avale el parentesco con su verdadera madre.
“Normalmente estos juicios tardan meses, sin embargo, vamos a tratar de acortar lo más que se pueda, y sólo cuando tenga el acta de orden del juez de lo familiar, se puede hacer la nueva acta”, precisó.
Por otra parte, la PGJDF investiga dos casos más de posible tráfico de bebés en el Hospital Central de Oriente, donde la semana pasada se detuvo al personal por presuntamente dedicarse a esa actividad ilícita.
El subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJDF, Luis Genaro Vázquez, informó que durante el fin de semana se presentaron dos mujeres para informar que hace dos años acudieron a la esa clínica para practicarse un aborto y tenían dudas si en realidad se había consumado el legrado.
A ambas mujeres les indicaron en ese hospital que esperaran hasta que tuvieran siete meses de embarazo para practicarles la interrupción.
“Hay dos mujeres que se presentaron e informaron que acudieron a una etapa temprana de su embarazo para practicarse la interrupción del mismo, pero fueron manipuladas por los médicos para consumir más tiempo, de modo que se fueron practicando el aborto hasta que tenían siete meses, y ellas se presentaron para conocer si fueron víctimas de la red”, expresó Vásquez.
Dijo que hoy se reunirá con personal de la Fiscalía de Procesos de lo Civil para iniciar los trámites de la extinción de dominio del Hospital Central de Oriente, propiedad de Víctor Manuel Mancera, quien actualmente se encuentra arraigado.
La extinción de dominio es una figura legal que permite, a partir de una decisión judicial, a las autoridades apropiarse de un bien mueble o inmueble involucrado en delitos del Crimen Organizado.
Así mismo, el funcionario informó que las seis personas involucradas en el trueque de un menor de edad por un terreno fueron puestas a disposición del Juzgado 52 Penal del Reclusorio Oriente; se les acusa de violencia intrafamiliar y tráfico de menores.
Se trata de los esposos Alejandra Reséndiz y Elías Vega, quienes acordaron intercambiar a su hijo de 2 años de edad, por un terreno ubicado en el Estado de México.
La transacción se llevó a cabo el pasado 30 de octubre. El matrimonio entregó al menor, junto con la constancia de alumbramiento y la cartilla de vacunación, a los esposos José Guadalupe Rocha y América Alba Bravo, quienes fungieron como intermediarios para entregar al infante a Elba de Alba Bravo, hermana de América, y su esposo Julio César Santiago García, quienes jamás procrearon.
A los consignados se les acusa de violencia intrafamiliar y tráfico de menores, delitos considerados graves. Será a más tardar el próximo viernes cuando Irma Guadalupe García Mendoza, jueza 52 penal, determine si les instruye un juicio formal.