Tres pájaros de un tiro
2009-11-10

Escrutinio
Por Juan José Morales

Ayer, Ernesto Villanueva, comunicólogo y colaborador de POR ESTO!, comentó en nuestro periódico algo de lo que poco se ha dicho y escrito en los medios de comunicación impresos y —mucho menos— en los electrónicos: el gobierno de Felipe Calderón ha decidido ya no dar publicidad a las revistas.

A primera vista, algunos quizá pensarán que se trata de una medida digna de elogio, pues lo que el gobierno federal gasta por ese concepto es una muy buena cantidad de dinero, que podría destinarse a fines más productivos —construcción de hospitales, sistemas de riego, compra de medicamentos, etc.— que a cantarle loas a los gobernantes en turno. Incluso Rubén Aguilar, aquel corregidor de Vicente Fox —porque como vocero oficial de la Presidencia se la pasaba corrigiendo a su jefe con el ritornelo de “lo que quiso decir el señor Presidente...”— comentó hace poco en un debate radiofónico que consideraba absurdo y aberrante “que los gobiernos se anuncien”, pues “en las sociedades democráticas-civilizadas los gobiernos no anuncian lo que tienen que hacer por obligación... El principio general —subrayó el ex corregidor— debería de ser que los recursos del contribuyente no deben ser utilizados para hacer publicidad de ninguno de los órganos de Estado.”
Pero en un segundo examen se descubre que la decisión de suprimir la publicidad en revistas no es tan loable como podría pensarse. En realidad, el asunto tiene cola. Porque no se elimina toda la publicidad oficial en medios de comunicación —lo cual sí resultaría muy plausible—, sino sólo en revistas.
Con ello, Calderón resuelve un problema que cada vez le estaba resultando más difícil de manejar: las quejas, protestas y demandas legales por la forma selectiva y discriminatoria en que repartía el dinero de la publicidad en las 400 revistas que la Secretaría de Gobernación utiliza con tal propósito y a las cuales aplica la política de la zanahoria y el garrote: jugosos contratos publicitarios para las que son afines al gobierno —aun cuando tengan una reducida circulación y escaso prestigio—, y negativa a dar publicidad a aquellas que se distinguen por su independencia y sus críticas al gobierno, aunque su tiraje sea muy elevado y gocen de merecido renombre. Tal fue el caso de la revista Contralínea, castigada de esa manera por haber denunciado graves actos de corrupción en Pemex.
El manejo faccioso de la publicidad gubernamental ha estado siendo denunciado desde hace tiempo, con la exigencia de que, para evitar esa corrupción disfrazada, se fijen reglas claras y criterios bien definidos para distribuirla de modo equitativo y sin favoritismos.
Para salir del embrollo, Calderón decidió eliminar la publicidad oficial en revistas. Pero sólo en revistas. La masiva publicidad por televisión, esa que el Señor de Los Pinos y sus secretarios nos recetan cada día, hora tras hora, a través de las dos grandes cadenas que forman el duopolio televisivo, esos mensajes sobre la catarata de beneficios que los mexicanos recibimos del régimen, esa publicidad se mantiene igual. Es más: se incrementará, porque lo que ahora se destina a revistas, se canalizará a las televisoras.
Al sacar a los medios impresos de los presupuestos publicitarios del gobierno federal, Calderón mata tres pájaros de un tiro. Se libra de las quejas, asesta un fuerte golpe económico al periodismo crítico e independiente —aunque de paso se lleve entre las patas a algunos de sus incondicionales— y canaliza más dinero hacia las televisoras, a las que tanto debe, que tan eficazmente le sirven, y a las que no cesa de beneficiar en las más diversas formas (la más reciente fue la exención de impuestos durante varios años por el uso del espectro radioeléctrico).

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