En vilo la libertad de prensa
2009-11-08

Apuntes
Por Guillermo Fabela Quiñones

El asesinato del periodista duranguense Vladimir Antuna, condenable bajo cualquier punto de vista, es un testimonio brutal del grado de descomposición social alcanzado en el país, y particularmente en Durango, hasta hace unos pocos años ajeno a este escenario de violencia desbocada que mantiene a los mexicanos en tensión y desasosiego.

Aun cuando es un hecho que el crimen organizado ha magnificado su presencia a nivel nacional, también lo es que este fenómeno es consecuencia, no la causa, de las dramáticas condiciones sociales y económicas prevalecientes en México.
Aquí cabe preguntarse a quién beneficia la muerte de la libertad de expresión. La respuesta, aunque no tan obvia, es que los principales beneficiarios son los poderes fácticos, pues en la medida que puedan actuar con plena impunidad, sin ser observados sus actos punibles por los medios de comunicación, tendrán más y mejores posibilidades de acrecentar su poder e influencia. ¿Acaso el crimen organizado está al frente de las instituciones? No, por supuesto. Este es un flagelo aleatorio, que sube y baja de conformidad con la fuerza o debilidad de las instituciones del Estado encargadas de garantizar la seguridad de la población.
No es casual que los casos de periodistas vilmente asesinados comiencen a partir de que se inició el ejercicio del poder con métodos gangsteriles, con el claro propósito de obtener más beneficios ajenos al marco institucional. Esto comenzó a verse a partir de 1984, cuando ocurrió el homicidio del periodista más connotado de entonces, quien se confrontó con el jefe del Ejecutivo, Miguel de la Madrid, al empezar a dar a conocer en sus colaboraciones información que no era del agrado del mandatario. Manuel Buendía cayó por las balas de un sicario que obedecía órdenes superiores, en una cadena de mando que llegaba hasta las máximas alturas.
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari este proceso de descomposición se acrecentó a niveles escandalosos, pues el asesinato con fines políticos comenzó aun antes de que llegara a Los Pinos, cuando antes de las elecciones fueron asesinados dos importantes dirigentes del Frente Democrático Nacional que postulaba a Cuauhtémoc Cárdenas. Este deleznable método continuó en uso todo el sexenio, con absoluta impunidad. Sin embargo, aún había cierto respeto a los periodistas, en cuanto que el crimen organizado todavía no hacía su presentación en sociedad como tal. Lo hace en la administración de Ernesto Zedillo, debido a que las organizaciones integradas en los años precedentes salieron de sus escondrijos.
Las cosas se complicaron dramáticamente cuando el PAN llega a Los Pinos y Vicente Fox comienza a desmantelar las instituciones de seguridad pública para tener, supuestamente, un mejor control de las mismas. Los resultados están a la vista, sobre todo porque a partir de su sexenio el narcotráfico inició un proceso independentista, o sea operar ya sin tener que rendir cuentas a nadie. Esto no prosperó porque Fox siguió la estrategia equivocada de apoyar a un cártel, el de Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, y lanzar toda la fuerza del Estado contra sus rivales, lo que desembocó una lucha cruenta que al paso de los años se ha vuelto inmanejable.
La descomposición de las instituciones siguió un curso ascendente desde entonces, y la mejor prueba de ello es la incapacidad del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado que el propio Estado se encargó de organizar. Vale decirlo porque bajo las reglas del neoliberalismo todo lo que signifique ganancias es muy bueno y conviene apoyarlo. (Recuérdense las recientes declaraciones del subsecretario de Agricultura de apellido teutón, ya defenestrado). No es casual entonces que en los casi diez años de “gobiernos” panistas el país acelerara su deterioro estructural, pues la prioridad del Ejecutivo en los dos sexenios blanquiazules, de manera más ostensible que en los tres últimos gobiernos del PRI, no ha sido otra que la obtención de los mayores beneficios para la elite en el poder.
El asesinato de periodistas es consecuencia entonces de un modelo gangsteril de ejercer el mando en instituciones en completa decadencia, donde no hay posibilidad de dar respuestas razonables, justas y legales, a problemas estructurales cada vez más graves. El crimen organizado no es más que la cara más visible de dicha decadencia, el último eslabón de una cadena nefasta que comienza en la incapacidad y desinterés del Poder Ejecutivo, en resolver las causas objetivas de los problemas más acuciantes para la población mayoritaria. El problema mayor es que tal situación se presta para cometer todo tipo de atrocidades, como los famosos “ajustes de cuentas”, y las principales víctimas son los periodistas que se atreven a cumplir con su trabajo de la manera más responsable y profesional. El homicidio de Vladimir Antuna es el último (ojalá lo fuera) de esta secuela de hechos que nos retrotraen a los tiempos más dramáticos e infames del Porfiriato.

gmofavela@hotmail.com