El peligroso sendero de la descomposición política
2009-11-08

Por Julio Pimentel Ramírez

Sin pecar de exageración se puede afirmar que México se desliza por el tobogán de la descomposición de las relaciones políticas, económicas y sociales, con particular énfasis en la infraestructura de poder, desde la base de la pirámide hasta la vértice conformada por la élite de las finanzas y de las instituciones estatales sin que se excluya ninguno de los tres poderes formalmente constituidos, es decir el Ejecutivo, ahora usurpado, el Legislativo -que nos acaba de brindar un cínico y patético espectáculo- y el Judicial que castiga inocentes y deja impunes a los grandes criminales, tanto los del orden común y político como los de “cuello blanco”.

Al tiempo que Felipe Calderón continúa por la senda neoliberal y en consonancia con ello promueve, al lado de sus correligionarios del PAN y sus aliados del PRI y de otros sectores partidarios, una miscelánea fiscal que castiga el bolsillo, ya de por sí disminuido, de la mayoría de los mexicanos a la par que protege los intereses de un reducido grupo de grandes empresarios, muestra la faceta de los gobernantes panistas que viven en su propio mundo alejado de la realidad, a la que aderezan con distorsiones, mentiras y engaños.
Mientras los mexicanos padecemos una cotidianidad de creciente inseguridad, desempleo, precariedad del nivel de vida que tiene sumida en la pobreza a más de la mitad de la población, entre otros males, y la crisis económica se abate sobre los mexicanos como una prolongada tormenta, Calderón anuncia el fin de la recesión como si con declaraciones falaces pudiera transformarse la realidad.
Cada que alguien mencionaba la tesis del Estado fallido, avalada por multiplicidad de datos económicos, políticos, sociales y en particular del ámbito de la seguridad, representantes del gobierno espurio y de los partidos políticos que le dan sustento (PAN, PRI, PVEM, Nueva Alianza y parte de los partidos de la izquierda electoral), así como connotados personeros del establishment, se desgañitan para desmentirla y asegurar que en México todo está bajo control.
Sin embargo, además de los hechos que respaldan esa crítica, son integrantes de la elite política panista los que abonan con sus actos y declaraciones el aserto de que el Estado mexicano ha dejado de cumplir con funciones esenciales, tanto en lo que se refiere al monopolio de la violencia como a la política económica instrumentada para atender las necesidades básicas de la población.
Han sido duramente cuestionados las administraciones de los últimos sexenios por la aplicación del proyecto neoliberal que desmanteló la actividad económica nacional, específicamente en la industria y el sector agropecuario. Con esto le negó a los mexicanos varios derechos establecidos en la Constitución, Carta Magna que rige el funcionamiento del Estado, entre ellos el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la alimentación.
Como corolario de este abandono de responsabilidades que como Estado son ineludibles, tenemos un campo postrado en la pobreza y con un incalculable deterioro en su infraestructura productiva y con enorme atraso tecnológico y, en general, en todos los eslabones de la actividad económica.
Es en este entorno en el que Jeffrey Max Jones, subsecretario de Negocios de la Secretaría de Agricultura (cesado fulminantemente por torpe, no por el contenido de sus dichos), declara que los productores del campo deberían de aprender de los narcotraficantes que han sido capaces de desarrollar tecnología y manejar adecuadamente la fase del mercadeo sin subsidios, dice el panista, ocultando que a cambio de eso cuentan con la complicidad delictiva de funcionarios públicos, miembros de partidos políticos y empresarios “exitosos”.
Dos autogoles en una sola jugada. Por un lado reconoce en los hechos que después de tres décadas de neoliberalismo –sin obviar que tampoco los gobiernos priístas anteriores fueron capaces de generar una base de desarrollo sostenido y sustentable en el campo- quienes dirigen la administración pública no han contribuido a generar las condiciones adecuadas para la actividad productiva y con ello han dejado de cumplir con objetivos que le dan razón de ser a cualquier Estado.
Por el otro, el funcionario pone como ejemplo a seguir a “empresarios” que desarrollan su actividad al margen de la ley recurriendo a un alto grado de violencia que ha ensangrentado a la República (más de 15 mil ejecuciones en lo que va de gobierno ilegítimo) y que es uno de los elementos que confluye en las opiniones de quienes adelantan la aseveración sobre el Estado fallido.
En estos días la cereza del pastel panista, que desnuda su proclividad a la mano dura, la colocó Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, considerado el municipio más rico de Nuevo León y de México, quien reconoce públicamente que ya tiene realizando trabajos de “limpieza social” a escuadrones de la muerte, financiados con recursos privados, dice, y alojados en casas particulares.
Cabe preguntarse ¿dónde quedó la Ley y el Estado de Derecho, que la derecha invoca a cada rato cuando se trata de reprimir a movimientos sociales y adversarios políticos? Para los trabajadores electricistas no existen -a ellos se les violan sus derechos constitucionales, laborales y humanos-; tampoco para la alta burocracia y para los oligarcas, ellos pueden continuar gozando de impunidad mientras saquean las arcas públicas, se enriquecen ilegalmente, y se lanzan a la aventura fascistoide del paramilitarismo y de la criminalización de la protesta social.