Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 14 de noviembre.- El presidente de la Asociación de Galleros de Othón P. Blanco, Wilberth Campos Noh, junto con el representante de los Caleseros de Cozumel, José Julio Azcorra Rejón, asistieron al Congreso de Quintana Roo para solicitar un informe del estatus que guarda la polémica Ley de Protección y Bienestar Animal, que a la fecha no se ha publicado, así como para insistir en la derogación de la prohibición a las corridas de toros, peleas de gallos y uso de equinos para carruajes turísticos en el estado.
Campos Noh y Azcorra Rejón se reunieron con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso, el diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, a quien le hicieron ver que las citadas prohibiciones es atentar con las tradiciones y costumbres de unas 200 comunidades mayas y pueblos indígenas de Quintana Roo, así como miles de fuentes de empleo directo e indirecto que dependen de estas actividades populares.
Por su parte, el diputado Gasca Arceo les hizo ver que la Ley de Protección y Bienestar Animal todavía no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, por lo que aún no entra en vigor, ya que primero se tiene que revisar y conocer los argumentos de quienes están a favor y los que están en contra de la normativa, particularmente en el artículo que prohíbe las corridas de toros, peleas de gallos y uso de calesas en Quintana Roo.
El también coordinador de la bancada del Morena en la XVI Legislatura les pidió elaborar un documento en el que puedan explicar de la manera más detallada posible el impacto que tendrían estas prohibiciones en el estado, tanto a nivel económico, turístico y cultural, entre otros aspectos.
Teniendo este documento se volverán a reunir con representantes del sector taurino, gallero y calesero, así como con representantes de las comunidades mayas y pueblos indígenas de Quintana Roo, de manera que puedan exponer sus propuestas y consideraciones.
Wilberth Campos dijo que una prohibición de esta magnitud atenta contra las tradiciones y costumbres de unas 200 comunidades en el estado, además de miles de fuentes de empleo que dependen de manera directa e indirecta de estas actividades populares.
Por su parte, José Julio Azcorra manifestó que tan sólo en Cozumel, se estarían perdiendo más de 3 mil fuentes de empleo, de aquellas familias que obtienen un beneficio económico de las calesas y de otras actividades que implican el uso de caballos, por lo que pidió a los diputados de la XVI Legislatura que reconsideren modificar la Ley de Protección y Bienestar Animal.
Cabe mencionar que la polémica ley fue aprobada por la pasada XV Legislatura y a la fecha no se ha decretado mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado, luego de una serie de movilizaciones masivas de miles de familias que rechazan la prohibición de las corridas de toros, peleas de gallos y uso de calesas en el estado, por lo que el gobierno de Quintana Roo se comprometió a no publicar el reglamento en tanto no se haga un nuevo análisis más a fondo y en el que se tome en cuenta todas las voces ciudadanas.
No obstante, todavía se mantienen en incertidumbre miles de familias de las comunidades mayas y pueblos indígenas, así como productores, ganaderos, criadores de aves de pelea, representantes ejidales, organizadores de fiestas patronales, toreros, palqueros, criadores de caballos, caleseros, comerciantes de alimentos, artesanos, dignatarios mayas, entre muchas otras personas que no saben si la ley será modificada y se revertirá la prohibición, o si finalmente se publicará sin cambio alguno.
