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Refugiados claman retorno a su país

Continúan la emergencia, la preocupación y la necesidad por ser atendidas más de 111 familias de Laguna Larga, del municipio San Andrés de El Petén, tras más de dos años del desalojo forzoso que se llevó a cabo en esa comunidad guatemalteca ubicada en la frontera de México y Guatemala.
En rueda de prensa, Marvin Gonzalo Pérez, representante de la Comunidad de Laguna Larga; Rubén Domínguez López, abogado de los afectados, y Aldo León Pereyra, de Voces Mesoamericanas “Acción con pueblos migrantes”, señalaron que las más de 400 personas afectadas continúan sufriendo por el abandono de su gobierno, el nulo apoyo de las organizaciones internacionales encargadas de proteger los derechos humanos y la esporádica ayuda por parte de autoridades mexicanas.
El representante de las familias indicó que éstas sólo tienen intenciones de ser reubicadas en su país, siempre y cuando su gobierno les dote de terrenos aptos para sus actividades agrícolas y el desarrollo de más de 400 personas que conforman la comunidad de desplazados.
De acuerdo con Aldo León Pereira, ya han pasado dos años tras el desalojo forzoso de la comunidad Laguna Larga (2 de junio del 2017), cuando 111 familias, con una población de 200 niñas, niños y jóvenes, fueron violentamente arrojadas a la selva fronteriza de Guatemala y México por parte de 1,400 militares del ejército chapín, bajo la justificación de proteger áreas naturales, obligando a los afectados a resguardarse en la franja fronteriza.
“La comunidad tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde septiembre del 2017, pero el Estado de Guatemala no ha mostrado voluntad política de atender a los desplazados ni de resolver este caso, dejando a la comunidad a la espera de lo que resuelva en los próximos meses la CIDH sobre el futuro de las 111 familias; lo urgente es el retorno para evitar más muertes”, resaltó.
Por su parte, el abogado de los afectados, Rubén Domínguez López, mostró preocupación al aceptar que desde el desalojo han fallecido ocho personas, entre ellas cuatro niños, evidenciando la existencia de condiciones precarias de vida en el día a día de las personas, esto en el desarrollo de sus vidas cotidianas, pues no tienen acceso a las mínimas condiciones de saneamiento, orillándolas a estar expuestas de forma permanente al clima y fauna de una región hostil para la vida.
“Es real que las autoridades mexicanas de la CNDH, INM, Ayuntamiento de Candelaria, Gobierno de Campeche, Codhecam y otras han ofrecido ayuda humanitaria, trámites administrativos migratorios, mejoramiento de las vías de comunicación hacia la zona del campamento y otros apoyos importantes para los desplazados, pero éstos no resuelven de fondo el problema, pues el principal actor para acabar con todos los problemas es y será el Gobierno de Guatemala”, detalló.
Asimismo, reconoció que el problema debe ser atendido y solucionado por el gobierno de Guatemala, ello sin olvidar que la emergencia humanitaria también debe ser acogida por parte del Gobierno de México, con los más altos estándares en derechos humanos, así como fungir como institución de presión al gobierno de Guatemala para tener un pronto apoyo a las familias afectadas.
No obstante, el representante de los desplazados de Laguna Larga, Marvin Gonzalo Pérez, dejó en claro que las familias de guatemaltecos resguardados en la línea fronteriza no tienen intenciones de vivir en México, sino regresar a sus tierras y vivir en su país.
“Esas son nuestras intenciones, pero dadas las circunstancias de violencia y amenaza, se da la resistencia y exigencia; siempre estaremos agradecidos por las muestras de solidaridad del Pueblo mexicano, por eso pedimos que la exigencia sea amplia para que nuestro gobierno escuche nuestras demandas como ciudadanos guatemaltecos”, resaltó.

Otras comunidades
serían desplazadas

Por otra parte, Aldo León Pereyra reconoció que el tema podría agraviarse en un futuro inmediato, pues de acuerdo con un trabajo de investigación realizado por la asociación Voces Mesoamericanas “Acción con pueblos migrantes”, en colaboración con el Bufete de Abogados de la CNDH de Guatemala, se descubrió un aproximado de mil 500 comunidades asentadas en la misma área de la Reserva Natural de los Petenes.
En más detalles, comentó que el área natural comprende miles de hectáreas de zona forestal y diversas lagunas, que en lugar de ser protegidas, posiblemente sean entregadas a empresas energéticas.
Abundando en su declaración, detalló que en cada comunidad existe cuando menos de 300 a 500 habitantes, algunas hasta mil, por lo que en caso de ser amenazadas y posteriormente desalojadas, se podría hablar de un movimiento migratorio terrible, provocado por los intereses de empresas trasnacionales para explotar zonas que requieren protección gubernamental.
“Aprovecho para invitar al gobierno mexicano a aplicar más presión al gobierno de Guatemala, con el objetivo de buscar solucionar este problema con inmediatez, de lo contrario la situación sería grave para las comunidades en emergencia, así como para México como país, pues el movimiento migratorio podría tener consecuencias económicas y sociales lamentables”, declaró.

Urgen más servicios y apoyo médico

Retomando las declaraciones del representante de la comunidad desalojada, Marvin Gonzalo Pérez, éste declaró que en los dos años y seis meses transcurridos tras su movimiento migratorio obligado, en esa área se han registrado más de 10 partos, 8 muertes y cerca de 15 abortos, esto por las condiciones en las que viven y por la escasa alimentación que tienen.
“Por la geografía del lugar, no hay mucha oportunidad de cultivar suficientes alimentos, tampoco hay mucho chance comprar algo porque no podemos trabajar de forma regular; únicamente se ha podido rentar cerca de tres hectáreas de un ejidatario de la zona, en donde cultivamos chigua, maíz y frijol, pero eso no es suficiente”, refirió.
También aceptó, a punto de quebrar en llanto, que pese al tiempo y el olvido al que el gobierno guatemalteco los ha orillado, los refugiados en la línea fronteriza sólo quieren regresar a su área de vivienda, la comunidad de Laguna Larga en los Petenes de Guatemala, aún y cuando la situación pudiera agravarse para ellos y para otras comunidades asentadas en la misma zona por causas de una empresa transnacional con intenciones de explotar los yacimientos de gases minerales.
Por último, el médico Joel Heredia agregó que en el último registro de enfermedades realizado a los integrantes de la comunidad guatemalteca se destacó la presencia de enfermedades cardio respiratorias en al menos tres integrantes de cada tienda en el campamento improvisado, por lo que aceptó que ya es urgente tener más medicamentos y asistencia médica en benéfico de la población.
(David Vázquez)

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