Cristóbal León Campos*
Instaurar la justicia en el país será un proceso complejo que requiere de la voluntad política y social, conjugar las acciones a favor del esclarecimiento de lo acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, requerirá romper con las estructuras de corrupción que han obstruido los procesos de investigación en torno a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y de las tres personas asesinadas en esos mismos hechos, sanar las heridas nacionales es un requisito para poder hablar de una nueva etapa en la sociedad mexicana.
La firma del Decreto para la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa es un paso necesario de reconocer, la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador para que todas las instituciones relacionadas se pongan a disposición de la verdad es una muestra de esa voluntad política necesaria, tendremos todos que vigilar los procesos que se instauren, las medidas que se tomen y sobre todo que realmente los actos que se efectúen estén dirigidos al esclarecimiento de lo sucedido, el Crimen de Estado debe ser juzgado y los culpables deben pagar por su participación en las desapariciones forzadas y en la criminalización que han padecido los estudiantes normalistas y sus familiares, es necesario dar fin a la violencia sistémica que desde los años sesenta se aplica e impone sobre los movimientos sociales, los activistas y demás ciudadanos conscientes que levantan la voz para exigir mejores condiciones de vida, establecer la justicia en Ayotzinapa sería un gran paso para frenar la guerra sucia que hasta hoy ha ejercido el poder en México.
La investigación tendrá que retomar el rumbo, deshacer las trampas puestas por quienes estuvieron antes a cargo, pues mucha información fue ocultada, manipulada, eliminada o falseada, para que el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, pudiera dar a conocer su “verdad histórica”, misma que se derrumbó a los pocos minutos de que fue anunciada, el cinismo acostumbrado del poder ha generado la desconfianza con que la sociedad observa los resultados ofrecidos hasta la fecha, pero, sobre todo, generó el incremento del dolor con que los familiares ven esos procesos de investigación sobre sus hijos, pues los estudiantes de Ayotzinapa han sido negados de muchas maneras por el poder. Si hay voluntad real de esclarecer los hechos se manifestará en la forma en que se vayan realizando los peritajes y averiguaciones, la manera en que se informe a la sociedad sobre los avances y el trato que reciban los familiares, aún hay mucho escepticismo a pesar de la firma del decreto y es normal por lo instituido de la corrupción en los sistemas de justicia y por la constante impunidad que ha gobernado durante años en el país.
La sociedad debe jugar su papel exigiendo transparencia y veracidad, haciendo del tema un diálogo entre las partes, las manifestaciones de repudio al crimen y a sus perpetradores continuarán hasta que la justicia se establezca, la solidaridad con los familiares de los desaparecidos es una constante muestra de humanidad, México en su conjunto fue cimbrado en lo más profundo por el crimen de Estado, resarcir ese daño transitará por el cumplimiento de las demandas sociales, hacer de la justicia un hecho palpable y no sólo un derecho alienado de la vida cotidiana.
La justicia no vendrá del cielo ni por bondad, los reclamos sociales han logrado que se firmara el Decreto para la Verdad de Ayotzinapa, el hecho de que miles y miles de mexicanos se expresaran y el apoyo recibido desde diferentes puntos del mundo, pusieron el tema como prioritario en la agenda política del nuevo gobierno, esas mismas voces multiplicadas encarnarán el interés y la permanente demanda humana de que al fin se pueda hablar de justicia en México. La verdad no es un acto que baje desde la pirámide vertical del poder, es la expresión de la voluntad social organizada de manera horizontal para dar luz a esta noche espesa y sombría que ha significado la desaparición de los estudiantes normalistas.
Ayotzinapa es dolor, desesperanza, rabia, desconfianza y muestra de la violencia de Estado, con la firma del Decreto por la Verdad puede lograrse cambiar esos significados, estableciendo la esperanza en que la verdad aflore y la justicia se establezca, pero para ello, sigue siendo necesaria la participación consciente de los oprimidos reclamando el respeto a sus derechos, el fin de la violencia sistémica y un nuevo orden social más equitativo y justo.
¡JUSTCIA PARA AYOTZINAPA!
*Integrante del Colectivo Disyuntivas
