Pero hay tres restantes que, aunque dejaron su cargo en octubre, según la Ley de Responsabilidades también podrían ser procesados por haber sido partícipes de los comicios: Claudia Barbosa, Federico González Magaña y Flor de Té Rodríguez.
Puebla/Ciudad de México, 4 de diciembre (PeriódicoCentral/SinEmbargo).– La anulación de la elección a gobernador de Puebla no es lo único que está en juego en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), también se pondrá sobre la mesa la destitución de los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) y la sanción de los que participaron en el desarrollo de los comicios electorales.
La noche del 2 de diciembre el magistrado ponente del caso Puebla, José Luis Vargas Váldez publicó en sus redes sociales el dictamen que pondrá a consideración de la Sala Superior del TEPJF.
En él se propone la anulación de la elección en la entidad y revocar el triunfo de la candidata panista, Martha Erika Alonso. Este dictamen será votado esta misma semana según dijo el propio magistrado ponente.
Además se establece la remoción de los cuatro consejeros del IEE que están actualmente en funciones y que fueron responsables del pasado proceso electoral, pero también el inicio de responsabilidades en su contra por parte de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
“Se da vista al INE para que proceda a dar inicio al procedimiento de destitución de consejeros y consejeras del Instituto Estatal Electoral, y para que inicie los procedimientos sancionadores que correspondan por cuanto a los funcionarios de la autoridad electoral cuyo actuar generó las irregularidades advertidas en la resolución. Se da vista a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales del Estado a efecto de que, de ser el caso, inicie las carpetas de investigación que correspondan derivado de alguna de las inconsistencias advertidas en la presente resolución”, se enuncia en los puntos 5 y 6 del proyecto.
Actualmente cuatro de los consejeros que organizaron los comicios están en funciones: el presidente Jacinto Herrera Serrallonga; Juan Pablo Mirón, José Luis Martínez y Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo. Ellos estarían sujetos a la destitución y a un procedimiento en su contra por la presunta manipulación del material electoral.
Pero hay tres restantes que, aunque dejaron su cargo en octubre, según la Ley de Responsabilidades también podrían ser procesados por haber sido partícipes de los comicios: Claudia Barbosa, Federico González Magaña y Flor de Té Rodríguez.
Todos fueron electos en octubre de 2015 como consejeros del OPLE y algunos evidenciados por estar ligados al morenovallismo.
Juan Pablo Mirón, fue jefe de la Oficina del secretario General de Gobierno y particular del diputado federal morenovallista Luis Maldonado Venegas. Federico González Magaña participó como asesor de Rafael Moreno Valle en la campaña del 2010 a la gubernatura, mientras que al llegar a la CAIP, se encargó de bloquear una serie de solicitudes de información por considerar que “vulneraban” al morenovallismo.
Claudia Barbosa es prima del exsenador Miguel Barbosa, el excandidato de Morena a la elección a gobernador, a pesar de eso, siempre mantuvo una postura a favor del morenovallismo y solo al final de su periodo cambió sus puntos de vista.
Mientras que Flor de Té Rodríguez obtuvo el porcentaje más alto de votación en el examen pero fue cuestionada por negarse a entregar el expendiente del consejero presidente del IEE en Puebla, Armando Guerrero, quien dejó su cargo luego de que se descubrió que no contaba con cédula profesional. Además, también ha sido señalada de ser cercana al ex gobernador Rafael Moreno Valle.
José Luis Martínez López, pertenece al grupo de consejeros antimorenovallistas, llegó al IEE el 1 de noviembre del 2012 y fue electo para fungir en el cargo como consejero electoral hasta el año 2019. Sin embargo, con la reforma electoral y la desaparición del organismo para convertirse en OPLE atendió a la convocatoria.
Se confrontó con la presidencia de Armando Guerrero y a inicios del 2014 denunció que la Dirección Jurídica del Instituto Electoral del Estado se negó a entregar un informe detallado sobre los juicios laborales, administrativos y jurisdiccionales que enfrenta el órgano comicial desde el año 2013. Presume cercanía con el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, ya que laboraba en su oficina particular un familiar suyo.
El presidente, Jacinto Herrera Serrallonga es hijo de Jacinto Herrera Rivera, colaborador cercano del ex secretario de Educación Pública en el melquiadismo, Carlos Alberto Julián y Nacier, y es exdirector General de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Puebla.
Jacinto Herrera Serrallonga fue director de vinculación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla y director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.
Alejandra Gutiérrez Jaramillo es funcionaria electoral desde el año 2006, cuando fue electa se le cuestionó sobre la aparición de su nombre entre el listado nominal de miembros del PRI, a lo que respondió que sin su autorización el tricolor incorporó en su padrón de afiliados.
Alejandra Gutiérrez Jaramillo y José Luis Martínez son los únicos consejeros electorales que han sido críticos. Incluso, sus posturas los han llevado a confrontarse con el resto de sus compañeros, pues en la mayoría de los proyectos que han sido parciales se han manifestado en contra.
